La Ciudad es uno de los distritos que mayores avances ha realizado en materia electoral. Entre ellos, se destaca la incorporación, en 2015, de nuevas tecnologías para la votación, con un nivel de aceptación que supera al 90%, según mediciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Sin embargo, a veinte años de la sanción de la constitución que consagró su autonomía, aún no posee un régimen electoral propio; la aplicación de normas electorales nacionales no siempre resulta acorde a las instituciones, necesidades y coyuntura propia de nuestro distrito. El proyecto de ley presentado tiene como objeto la verdadera autonomía de la Ciudad en materia político-electoral y, así, el de una deuda histórica.
Por otra parte, y en sintonía con una democracia moderna como la que busca apuntalar este Código, el proyecto es producto de un proceso abierto y participativo llevado adelante por la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, que contó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, funcionarios de diferentes organismos gubernamentales, ciudadanos y expertos de la academia.
El proceso mencionado, conocido como “Dialogando BA”, se estructuró mediante la organización de mesas de diálogo interdisciplinarias, en las que se compartieron conocimientos y experiencias que enriquecieron el debate y sirvieron de insumo para un diagnóstico y propuestas: Apuntes para un Código Electoral y para el proyecto de Ley que se propicia y su anexo.
El resultado de este proceso es una reforma política que, a la luz de los principios de igualdad, transparencia, equidad, autonomía, paridad de género y gobierno abierto, tiene como eje central fortalecer la institucionalidad electoral en materia de financiamiento de campañas, autoridades electorales con competencias claras, debates públicos y la incorporación e institucionalización de tecnologías electrónicas.
La ciudadanía reclama transparencia en sus instituciones y creemos que la construcción de reglas de juego claras, consensuadas y legítimas, que rijan el proceso de elección de nuestros representantes, es el primer paso para lograrlo.
