Febrero 2023

Columnas de opinión del Procurador General

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Renovar la esperanza en medio de la tempestad

 

Estamos iniciando el octavo año de gestión al frente de nuestra querida Procuración General y lo hacemos como siempre con un renovado entusiasmo y compromiso, tal como en los años anteriores. No prima en nuestra mente el recuerdo del período ya transcurrido ni la satisfacción por muchos logros obtenidos sino la mirada sobre aquellos objetivos que todavía pugnamos por alcanzar mientras procuramos consolidar y profundizar los avances realizados.


Nos encontramos en momentos ciertamente muy difíciles para nuestra Patria. La crisis económica dominada por una alta inflación que no cede, los niveles de pobreza que golpean a vastos sectores de la población, y la ausencia de planes serios que fomenten el crecimiento y la inversión conforman, entre otras graves cuestiones, un cuadro de situación donde las sensaciones de angustia y desasosiego pesan mucho más que los datos que evidencian un incremento del consumo.


Está claro que los problemas no provienen solo de la economía. Nos toca asistir azorados a un ataque a mansalva contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial. Ello constituye un enorme daño institucional que también impacta muy negativamente sobre el clima de confianza en el país en todos los ámbitos. Nos enfrentamos así a una tempestad que no es fruto de fenómenos climáticos o naturales sino de las malas y erráticas decisiones de gobierno.


Frente a ello es preciso entonces renovar la esperanza porque comenzamos un año electoral y tendremos en octubre próximo la chance cierta de elegir un nuevo gobierno que, tras varias décadas de rumbos equivocados, pueda finalmente retomar la senda que debemos transitar en forma sostenida para alcanzar el ansiado crecimiento y desarrollo integral.


Es necesario tomar conciencia y dimensionar la gravedad del inusitado embate contra la independencia de la Justicia que se lleva adelante desde el Gobierno Nacional. Dado el protagonismo que como abogados tenemos en la causa legal que hemos planteado contra la ilegitima reducción de los fondos coparticipables que corresponden a la CABA, y que motivara el pasado 21 de diciembre la resolución cautelar de nuestro más Alto Tribunal que el Estado Nacional se niega a cumplir, podemos reafirmar que dicha sentencia provisional que se encuentra ya firme y debe ser acatada, se ajusta plenamente a derecho. Es inadmisible por ello promover un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema por estar en desacuerdo con el contenido de sus sentencias.


Más allá de otras imputaciones que se formulan, está claro que el núcleo de esta escandalosa ofensiva radica precisamente en la disconformidad del Gobierno Nacional con las resoluciones judiciales, y en el burdo intento de pretender disciplinar a los jueces, todo lo cual se encuentra en abierta contradicción con el principio republicano de división de poderes. La unidad de la oposición permitirá seguramente detener este reprochable ataque, pero mientras tanto, aprovechándose de una muy ajustada mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo avanza y prolonga todo lo que puede el proceso de acumular pruebas y citar testigos para mantener abierta la cuestión en la opinión pública. Son fuegos de artificio que distraen a la sociedad de sus verdaderos problemas y pesares.


El objetivo es también deslegitimar a los jueces y funcionarios judiciales y someterlos a un verdadero escarnio público. No parece que el ataque se limite solo a cuestionar los recientes fallos sobre el porcentaje de los fondos de la coparticipación que corresponden a la CABA y sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Lo que desvela a la vicepresidenta de la Nación desde la cúspide del poder es la suerte de las múltiples causas judiciales por corrupción que enfrenta desde hace años y de las que pretende eludir. Todos estos procesos terminan en la Corte Suprema, he aquí la razón final de la intimidatoria persecución.


Una vez más, como en otras anteriores ofensivas para reformar la Justicia o modificar la elección del Procurador General y el régimen de funcionamiento de los fiscales, confiamos en que la unidad parlamentaria de la oposición servirá para detener esta embestida y defender las instituciones y valores republicanos. Al propio tiempo, renovamos la esperanza de que el voto popular en este 2023 brinde al país nuevos rumbos y horizontes que posibiliten construir un futuro más venturoso, lo que depende de un fuerte compromiso con la democracia republicana y de nuestras acertadas decisiones.