En las últimas décadas, se han impuesto en el campo educativo movimientos teóricos, revisionistas y críticos que poblaron las bibliotecas de volúmenes dedicados a revelar el carácter político de la escuela: no solo como proyectos nacionales, sino especialmente en lo referido a la vida cotidiana y a las relaciones en el interior de las

aulas. Los invisibles hilos del poder se hicieron entonces objeto predilecto de análisis, tanto en las Universidades e institutos de investigación como en los profesorados y las instancias de capacitación docente. Hoy, que finalmente dejamos de percibir nuestra realidad escolar como un «ya dado» inalterable y comenzamos a preguntar por sus sentidos cambiantes y sus paradojas, comienzan a emerger objetos de estudio inevitables y necesarios. Entre estos, claramente, se nos presenta la cuestión de la Ley.

Si en el ya clásico análisis educativo dedicado a revelar las opresiones ocultas, hubo y hay un acto de liberación; en el siguiente estadio, cabe la pregunta por el uso adecuado de los espacios abiertos, por el rediseño de las estructuras. A 33 años del golpe de Estado, cuyo aniversario se cumple en estos días, la
idea de Ley se enfrenta al menos a tres grandes desafíos, en gran parte derivados de los efectos nefastos que esa triste etapa de nuestra historia produjo.

El primero de estos desafíos es prerrequisito de los demás: animarnos a ejercer sin culpa la Ley y atrevernos a constituirnos en Ley para el alumno, sin que nos persiga el fantasma del autoritarismo. Ser maestro es ayudar a construir ley; renunciar a ser ley es renunciar a educar.

El segundo desafío es el trabajo por una Ley justa, protectora y compensatoria. Poner reglas demanda una altísima cuota de responsabilidad, y el compromiso del educador en ese sentido tiene que ser siempre sensible a los intereses de las minorías y de los menos favorecidos en la puja por el poder.
Debemos enseñar, por ejemplo, la historia desde la perspectiva de sus omisiones; la geografía, desde el punto de vista de los desplazados; las relaciones humanas, desde una perspectiva respetuosa de las diferentes identidades de género, de cultura, de orientación sexual, etc. y también debemos cuidar los
efectos que sobre cada grupo específico tienen nuestras decisiones.

Finalmente, y no menos importante, pero sí claramente consecuencia de las anteriores, la Ley enfrenta el desafío de hacerse respetar. La ley siempre es ley, pero una ley justa y asumida con responsabilidad logra, sin dudas, ese amplio reconocimiento que la refuerza y la eleva, que la vuelve buena y necesaria.