El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una denuncia penal para que se investigue el accionar de una red de corrupción que, según aseguraron varias empresas, les solicitaba un monto de 55.000 dólares por levantar clausuras presuntamente intencionales aplicadas por inspectores de la comuna, con la complicidad de un funcionario de la gestión anterior.

Para facilitar la investigación, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dispuso el relevamiento del Director General de Control, Javier Fígoli, quien fue reemplazado por Juan Carlos Pigner, y la instrumentación de un sumario administrativo contra los inspectores presuntamente involucrados.

Macri dio a conocer la denuncia, que fue radicada en el juzgado de instrucción número 39, en una conferencia de prensa realizada en el microcine del Palacio comunal junto a la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

“Necesitamos que los vecinos nos ayuden a erradicar, a expulsar de nuestras vidas este tipo de prácticas y que hagan las denuncias”, enfatizó Macri y dio a conocer el número 0800-999-2727, a través del cual los vecinos podrán comunicar sospechas de ilícitos.

Piccardo reseñó que el caso se inició con el alerta de cinco firmas (entre ellas textiles y laboratorios) “cuyos directivos se sintieron defraudados por el sistema de corrupción que se inició con la amenaza o clausura directa de sus empresas". Dijo que el primer paso consistía en que inspectores de la comuna comunicaban la clausura de la empresa por presuntas infracciones ambientales. Luego, en un segundo paso, confeccionaban un acta en presencia de un policia. El tercer paso del ilícito consistía en que otras personas convencían a los empresarios de contratar un abogado ambientalista, quien aseguraba ser quien tenía el monopolio para resolver el problema. 

Finalmente, en el último paso, el abogado solicitaba 55 mil dólares de honorarios para lograr levantar la clausura y fue quien, según contó Macri indignado, les habría señalado a los empresarios que cobraba ese monto porque “mantener el monopolio de estas soluciones cuesta mucho dinero”.

Piccardo señaló que el abogado resultó ser Carlos Espina, quien en la gestión inmediatamente anterior del Ejecutivo porteño se desempeñó como jefe de Gabinete del Subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, dependiente del Ministerio de Gobierno, a cargo de Diego Gorgal. Fígoli también provenía de la anterior gestión.

“En el último mes recibimos muchas denuncias de distintas empresas a las que les exigían dinero a cambio de levantar las clausuras realizadas”, señaló Piccardo. Macri apuntó que “como vecino” la situación planteada “es inaceptable”, aunque dejó en claro que lo importante es que “nadie contamine” el medioambiente. “Hay que cumplir las normas y no que inventen clausuras o que permitan contaminar”, dijo y agregó que la Agencia de Protección Ambiental, recientemente creada, “implementará sistemas que permitan que estemos mas tranquilos sabiendo que habrá controles como corresponden”.

A su turno, Michetti afirmó que “vamos a romper estos sistemas” porque “nuestra intención es empezar a ordenar lo que debe ser el control y la fiscalización profesional y seria”. “Hay empresas que sufren extorsiones a pesar de que no tienen nada y así como necesitamos de ellos para que nos ayuden en el control con las denuncias, también les decimos a los vecinos que nuestras herramientas serán más profesionales y eficaces”, finalizó.