Organizaciones de la Sociedad Civil en general y miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), participaron de la reunión virtual de la Mesa de Trabajo sobre Adicciones. Participaron del encuentro en calidad de invitados: la Dra María Jimena Monsalve, Jueza Nacional de Ejecución Penal, Presidente de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, y Secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, quien presentó el “Programa Piloto sobre Justicia Terapéutica, tratamiento integral de infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas” en el juzgado nacional de ejecución Nro 5; Cecilia Sánchez, coordinadora del "Programa de Acceso Comunitario a Justicia" y Fernando Macharelli, responsable de la Línea de Innovación en Incidencia, ambos de la Dirección de Cooperación y Gestión del Consejo de la Magistratura de CABA.
Monsalve destacó el arduo trabajo que tiene su fuero, señaló que los juzgados nacionales de Ejecución Penal reciben causas de 110 órganos jurisdiccionales distintos, circunstancia que resulta bastante difícil dado que esas dependencias remiten a sólo cinco juzgados. Se mostró preocupada por la realidad que afrontan las familias de las personas privadas de libertad y auguró que hay que repensar el sistema punitivo de la Argentina. “Hoy las personas que salen de nuestras cárceles no tiene posibilidad de integración social, salen con mucho deterioro y el estigma de la pena dura diez años después de haber cumplido la pena. Todo tiene consecuencias”, razonó la jueza. En el Juzgado de Ejecución Penal Nº 5, lleva adelante el primer programa piloto nacional de Justicia Terapéutica, bajo el modelo de tratamiento de drogas destinado a personas que entraron en conflicto con la ley penal asociado al consumo problemático. Esto significa que han cometido delitos que están vinculados a su problema de consumo. En la exposición, se abordó la temática relacionada con el Programa de Justicia Terapéutica, que es voluntario y no obligatorio. La jueza contó que surgió de observar la necesidad de cambiar algunas prácticas dado que existen personas que no se encuentran en condiciones de cumplir reglas de conducta por estado de consumo severo de estupefacientes, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos que se reciben son de policonsumo.
Luego, Cecilia Sánchez, se refirió al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, que construye un puente entre la Justicia y la Gente. A través de él, agentes del Poder Judicial donan, voluntariamente, una jornada de trabajo desarrollando charlas sobre derechos en barrios en condiciones de vulnerabilidad. Al detectar casos de vulneración de derechos se promueve el debate y la participación ciudadana, la desnaturalización de la situación y la identificación del derecho vulnerado- causas y consecuencias-, la educación en derechos individuales y comunitarios, la construcción de un sistema de derivación responsable para la garantía y restitución del derecho, un sistema de corresponsabilidad individual, comunitaria y estatal, la circulación de información y el fortalecimiento de la comunidad.
Continuando la idea de Cecilia, Fernando Macharelli, agregó que el Poder Judicial visita las casas y organizaciones sociales de los barrios en condiciones de vulnerabilidad no esperando que la ciudadanía se traslade a las instituciones cuando tenga el problema, sino acercándose a donde vive la gente, incluso en forma preventiva. Ofrece información, guía, acompañamiento y sostén para que cada ciudadana y ciudadano sepa cómo y dónde resolver su problema y compartir, más tarde, ese aprendizaje en su comunidad. La ciudadanía, a su vez, está más cerca de la Justicia humanizándola e impulsando cambios en la cultura jurídica, a través de la modificación de prácticas excluyentes. En este contexto de aislamiento, el Consejo de la Magistratura, solicitó ampliar la convocatoria a voluntarios del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (PACJU), a fin de sumar más personas que colaboren con las nuevas tareas que se requieren ante la situación actual.
