Como resultado de la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y el Ministerio de Desarrollo Económico y Produccióna, y bajo el marco del Programa de Inclusión Financiera, se entregaron los primeros 100 créditos accesibles/blandos por parte de bancos privados (Banco Ciudad, Brubank y Santander), que representaron más de $14 millones de pesos en financiamiento a las unidades productivas de la Economía Social que desarrollan sus actividades en la Ciudad.
Gracias a la articulación público/privada, los vecinos comenzaron a trazar un historial crediticio que les permite acceder a créditos de cada vez mayores montos y mejores tasas, lo cual ayuda a potenciar su capacidad productiva y su oferta de productos y servicios, entre otras cosas, a partir de la compra de maquinarias, materia prima y mejoramiento de sus comercios. Además, los mismos tendrán acceso al sistema bancario formal, evitando la toma de créditos usureros.
Sumado a la entrega de los créditos, se generó un espacio de encuentro entre emprendedores, con el objetivo de lograr un vínculo productivo entre los diferentes sectores (públicos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil) para la generación de nuevos contactos que compartan los mismos desafíos para el desarrollo de sus negocios.
Ley de economía social como marco para las políticas públicas
Para llevar adelante estas gestiones público/privadas, el gobierno porteño dio pasos concretos que dan un marco a todo el plan. La ley aprobada en diciembre de 2020, por ejemplo, tiene como objetivo potenciar el trabajo de 500 mil trabajadores y trabajadoras de la Economía Social y Popular de la Ciudad, derribar algunas de las barreras que tiene el sector, acompañar su desarrollo y promover su formalización.
Como parte del trabajo previo para desarrollar el proyecto, fueron identificados los siete sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, reconociendo y generando trabajo de manera sostenida: textil, alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y economía verde.
La ley propone cuatro medidas centrales:
Incentivos para la participación de la Economía Social y Popular en los procesos de compra pública.
Financiamiento del Banco Ciudad a los que participen del proceso de compra pública.
Creación de un Fondo Público-Privado de financiamiento de proyectos productivos.
Beneficios impositivos con una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.
