Debates electorales

Recientemente, muchos países de Sudamérica han regulado esta instancia para promover un voto informado y garantizar a la ciudadanía el acceso a las propuestas y programas de gobierno de todas las agrupaciones políticas que compiten por cargos públicos electivos.

Del total de países que incluye nuestro Atlas, en Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay la legislación contempla los debates para candidaturas ejecutivas. En el caso de Brasil y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la regulación incluye a todas las categorías electivas en juego, tanto ejecutivas como legislativas.

En relación a la obligatoriedad, observamos que solo en Brasil y Colombia la ley no establece explícitamente la obligatoriedad de debatir, aunque en el caso colombiano, la jurisprudencia afirmó que no solo se trata de un derecho sino también de una obligación. En Argentina, Ecuador y Uruguay los debates son obligatorios, si bien en este último caso rige únicamente para los/as candidatos/as que deben definir la elección en una segunda vuelta (balotaje).

En cuanto a las sanciones previstas por la ley, ante la ausencia del/la candidato/a en el debate, abarcan: a) la pérdida del aporte público (ya sea para publicidad oficial o aportes de campaña) como es el caso de Argentina y Uruguay, b) multa económica, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en Ecuador, país que también prevé c) la suspensión de los derechos de participación política.

En cuanto al resto de los países sudamericanos se observa que, a pesar de no contar con un marco normativo vigente, tienen una larga trayectoria en la realización de debates públicos para cargos electivos. Estos son los casos de Bolivia, Chile, Perú y Paraguay. En el caso de Venezuela, no registra antecedentes en este sentido durante este siglo.

*En Colombia si bien la ley no establece obligatoriedad, sí fue dictada por jurisprudencia reciente.