En la región latinoamericana la OE es una modalidad que ha tenido un crecimiento progresivo en los últimos años. Esto está fuertemente asociado a la toma de conciencia desde la sociedad civil sobre la importancia del control de los sufragios y desde los Estados y sus autoridades de permitir la inspección de los comicios a distintos actores, aprovechando así los insumos que éstos generan en pos de mejorar y transparentar las elecciones de sus países..
Entre sus tareas está la de realizar el seguimiento y el registro sistemático de una multiplicidad de datos, los cuales son relevados en las distintas etapas que conforman un proceso electoral, a través del despliegue de grupos de personas en el territorio donde se desarrollan las elecciones, debiendo realizar esa tarea respetando los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad.
En la actualidad, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica han incorporado en sus legislaciones la figura de la observación electoral. Colombia, Paraguay, Venezuela, Honduras y Argentina, permiten misiones a través de acuerdos, convenios de cooperación, reglamentos ad hoc y/o acordadas que son firmados entre las autoridades electorales. En el caso argentino, la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires ha sancionado recientemente su primer Código Electoral, transformándose en el primer distrito del país que incorporó esta figura en su normativa. Chile, Uruguay y Brasil, aún no cuentan con ningún tipo de legislación, aunque en el caso de los dos últimos han permitido la visita de invitados especiales para presenciar determinados comicios.
En aquellos países donde se permite la OE las instituciones interesadas, tanto nacionales como internacionales, deben enviar por escrito una “solicitud de acreditación” ante la autoridad electoral responsable, debiendo estar debidamente fundamentados los objetivos de la labor a realizar, la nómina de observadores que la integran y presentar además el plan de observación y de financiamiento de la misma.
