Violencia política de género

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política define a la violencia política de género como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”. Este fenómeno, que crece en los países de la región latinoamericana, logró instalarse en la agenda pública obligando a los Estados a diseñar estrategias de abordaje que permitieran elaborar un diagnóstico para prevenir y sancionar aquellas expresiones de violencia contra las mujeres que se desempeñan en el ámbito político.

En América del Sur, Bolivia fue pionera con la sanción en el año 2012 de la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Le siguieron Ecuador en el año 2018 con la ley-RO 175 y Uruguay con la ley 19.580. Argentina en el año 2009 había sancionado la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que en 2019 fue modificada por la ley 27.533 para incorporar el concepto de violencia pública-política. Recientemente Perú, con la ley 31.155 y Brasil, con la ley 14.192, también han reconocido en su marco normativo a la violencia política por cuestiones de género.

La incorporación de más países a este listado es fundamental para avanzar en la prevención, sanción y eliminación de todo tipo de violencia política por cuestiones de género y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción y consolidación de democracias más paritarias.

A continuación, presentamos los atlas donde se puede observar si existe este tipo de regulación en los países de sudamérica y, en tal caso, el tipo de sanciones previstas.