Campañas Digitales

En Sudamérica se hallan legislaciones diversas sobre esta materia: pocos países han regulado las campañas digitales mediante leyes, y en tal caso, no todas ellas presentan el mismo enfoque. Por ejemplo, algunas se centran únicamente en cuestiones asociadas al financiamiento y otras hacen hincapié en cuestiones de contenido y comportamiento, establecen sanciones y prohibiciones y en menor medida, controlan ambos aspectos. 

Como se puede observar en el mapa al seleccionar la opción “contenido de regulación”, apenas cuatro países regulan por lo menos alguno de los temas mencionados: Argentina cubre cuestiones ligadas al financiamiento, plazos, prohibiciones y sanciones mientras que Perú menciona al financiamiento y los plazos de campaña. A diferencia de ellos, Brasil no hace mención explícita de financiamiento público específico a las campañas digitales aunque sí a los plazos, prohibiciones y sanciones. Por último, la legislación boliviana únicamente menciona las prohibiciones.  

Perú y Argentina explícitamente determinan montos específicos para la campaña digital, sólo difieren en que, en el primer país, el financiamiento es indirecto mientras que la legislación argentina establece el financiamiento directo (ver opción “financiamiento público específico"). 
Por último, solo las leyes de Brasil y Argentina establecen la obligatoriedad de registrar oficialmente las cuentas de los candidatos políticos que difunden material de campaña. 

Es importante tener en cuenta que la aparición de esta nueva modalidad de informar e informarse ha traído aparejado nuevos desafíos asociados a la naturaleza de este medio. Por ejemplo, al clásico problema de la desinformación se le suman problemas asociadas a la inmediatez y la masividad de las redes sociales, lo que facilita la propagación de desinformación y el contenido engañoso, los cuales se esparcen de forma más sencilla y a gran escala. 
Por esta razón, en pos de garantizar la transparencia y la verdad, la regulación se ha vuelto importante.