Faltas administrativas

Se configura como una situación objetiva en la que los intereses particulares de un sujeto obligado por el Régimen de Integridad Pública -sean o no de carácter económico- interfieran o puedan razonablemente interferir con el cumplimiento del ejercicio de la función pública.

Existe cuando un funcionario público promueve la contratación y/o designación, bajo cualquier modalidad, de una persona humana con la que posea un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, cónyuge o conviviente, al margen del principio de idoneidad debidamente acreditado.

Los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios, donaciones o beneficios entregados con motivo o en ocasión de sus funciones.

Podés denunciar otras faltas administrativas que se encuentren incluidas en el Código de Ética Pública.

Se entiende por incompatibilidad el impedimento legal de realizar coetáneamente con la función pública, ciertas actividades, empleos y/o profesiones que se consideran, por su naturaleza, inconciliables con dicha función.

Se produce cuando los sujetos obligados a presentar y/o actualizar la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses no lo hicieren dentro del plazo dispuesto por Ley.