Ley 104
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La Ley 104 fue sancionada el 19 de noviembre de 1998 y actualizada el 15 de diciembre de 2016 por la Ley 5.784, a partir de los consensos consolidados en el Dialogando BA, un espacio abierto de construcción colaborativa y horizontal entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad y otras jurisdicciones. Posteriormente, fue modificada por la Ley 5.926, la cual amplió los sujetos obligados a brindar información pública.
Sus bases se relacionan con el texto del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos la cual sostiene que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección".
Por ende, el Estado debe promover y velar por el acceso a la información pública para asegurar la participación cívica y el control ciudadano, mediante la implementación de mecanismos que incrementen la transparencia en la gestión de gobierno.
La Ley contiene varios puntos clave:
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Procedimientos más ágiles y sencillos para solicitar información pública.
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Obligaciones de transparencia activa para los tres poderes del Estado mediante la publicación proactiva, completa, actualizada y en formatos abiertos de información clave.
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Instancias de diálogo con los ciudadanos, para aquellos casos en que la información pública requerida deba recopilarse.
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Incorporación de la figura del Órgano Garante para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 104.
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La posibilidad de reclamar ante el Órgano Garante o mediante un amparo ante el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.