En Argentina, la ley marco en discapacidad (Ley 22.431) fue sancionada en 1981. La normativa instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas” que da cuenta de una concepción anticuada de la discapacidad que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas.
Con el objetivo de efectivizar un cambio de paradigma, y consolidar un marco normativo que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena, comenzó una iniciativa para trabajar en una Nueva Ley de Discapacidad. Se tratará de una norma que promueva diseños universales de todos los entornos y que entienda a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en todas sus esferas. Además, tendrá una perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales.
Sobre la base de lo enunciado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) convocó a participar de la “Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad”. En ese marco, desde la Ciudad, la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) convocó a funcionarias y funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un encuentro virtual de diálogo con el fin de intercambiar propuestas que serán elevadas ante la ANDIS.
Durante el encuentro, coordinado por el presidente de COPIDIS Leonardo Ruiz, se destinó un tiempo determinado para cada uno de los ejes temáticos (Educación / Trabajo / Salud / Protección Social / Accesibilidad / Participación Política / Vida autónoma e Independiente) para que las y los funcionarios participantes cuenten con un tiempo determinado para exponer sus aportes.
El Director General de Reforma Política y Electoral, Javier Tejerizo, brindó aportes sobre el eje Participación Política. En sus palabras, el principal objetivo de una nueva norma debe ser remover las barreras jurídicas y administrativas para garantizar la participación política, para ello debe dejarse atrás el criterio de exclusión del padrón electoral de aquellas personas con discapacidad intelectual. Tampoco se logra garantizar los derechos políticos de las personas institucionalizadas. Resulta obsoleto negarles el derecho al voto en base a dichos motivos. Estos temas fueron abordados en un número especial de la revista Observatorio de Reforma Electoral y en su respectivo seminario de presentación.
Ya en relación a la accesibilidad electoral, la nueva ley debería dar un marco para la implementación de acciones que permitan el ejercicio del voto con autonomía, como el uso de tableros de comunicación electoral, instrumentos de sufragio más accesibles como la boleta única, pictogramas sobre el paso a paso de cómo votar, entre otras. Vale aclarar que estas medidas ya han sido impulsadas desde el Gobierno de la Ciudad en sus procesos electorales y en el Código Electoral.
Por otro lado, en cuanto a la participación política dentro de organizaciones de la sociedad civil, se recomienda institucionalizar algunas prácticas accesibles que surgieron durante la pandemia, como la realización de reuniones virtuales o híbridas, las cuales permiten sortear barreras físicas y comunicacionales.
