En el marco de una investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 12 a cargo del Juez Federal Sergio Torres, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, en conjunto a otros organismos nacionales y de la Ciudad Autónoma de Bs As. detectaron 47 talleres que funcionaban en múltiples unidades funcionales independientes.
El inmueble allanado es un gran edificio de 13 pisos sito en la Avenida Corrientes al 2322/30 , una zona habitualmente muy concurrida de peatones y comercios de todo tipo.
Entre otras actividades profesionales y comerciales se pudo comprobar la existencia de un gran número de talleres textiles en todos los rubros de la actividad, es decir: mesas de corte, costura, planchado, tintura, etc.
El operativo requirió la cooperación institucional entre distintos organismos nacionales y de la ciudad como ser: División de Trata de personas de la PFA, Dirección Nacional de Migraciones, Agencia Federal de Ingresos Públicos , Dirección Gral. de Protección del Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control, que dispuso la clausura inmediata de 47 unidades funcionales y labró más de un centenar de actas de comprobación.
Entre las faltas detectadas por la AGC se repitieron la peligrosa ausencia de matafuegos, la existencia de muchos de estos con la carga vencida y numerosos cables expuestos muy cerca de la gran cantidad de tela para confeccionar las prendas, lo que significa un peligro inminente , poniendo en riesgo la vida de las personas que allí trabajaban.
Además, se pudo comprobar la falta de habilitación en muchas unidades, lo que indica la clara intención de mantener en la clandestinidad la explotación comercial.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Juan José Gómez Centurión, afirmó “Hemos detectado talleres que reúnen delitos complejos como la trata de personas, gente esclavizada, produciendo en negro y arriesgando su vida.”
En lo que va del 2015 la AGC clausuró más de 340 talleres textiles y se llevó a cabo el decomiso de 200 máquinas, en una nueva modalidad de prevención para evitar que los lugares clausurados violen las sanciones impuestas.