En su discurso, el presidente Macri aseguró que el país necesita una Justicia más eficiente y más cercana. “Las causas tienen que esclarecerse en cierto tiempo, sino hay frustración", sostuvo. Y agregó: "Lamentablemente vemos tragedias a diario. Y las familias lo primero que piden es que se haga justicia, que los que cometieron semejante atrocidad paguen las consecuencias".
Asimismo, el Jefe de Estado pidió que sean los legisladores quienes decidan qué jueces van a juzgar los hechos que pasen en la Ciudad, y no los senadores de otras provincias. “Este traspaso que firmamos busca devolver herramientas y que la Justicia Nacional otorgue respuestas a los temas federales", indicó.
En tanto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que es un traspaso muy importante. “Servirá para darle más seguridad a la gente y claramente va de la mano del traspaso que ya se realizó de la Policía”, señaló. Y destacó que la Justicia penal es la que trabaja codo a codo con la Policía. “Tiene lógica que una vez concretado el paso histórico de la Policía se haga el de la Justicia. Es fundamental para la seguridad el trabajo mancomunado entre la Policía y la Justicia", manifestó.
Con respecto a los fondos, Larreta explicó que el convenio incluye su traspaso, por lo que hay una partida del Gobierno Nacional que pasa a la Ciudad. “Es presupuestariamente neutro", subrayó.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Porteño, Martin Ocampo, dijo estar feliz con la firma del convenio. "Que las autoridades de la Ciudad sean las que definan cómo se organiza el poder judicial y cuáles son sus mecanismos procesales, ayuda y genera una sinergia muy positiva", sostuvo.
Para finalizar, Ocampo se mostró muy confiado con el traspaso. “El sistema procesal de la ciudad es oral, es un modelo acusatorio, lo que lo hace más ágil y más amigable con el vecino", comentó.
En esta primera etapa se traspasarán ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional que actualmente están vacantes y dos Juzgados de Menores, 18 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, dos Juzgados Nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos.
“El sistema procesal de la ciudad es oral, es un modelo acusatorio, lo que lo hace más ágil y más amigable con el vecino", comentó Ocampo.
También, se firmará la transferencia de 54 cargos vacantes entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. Además se incorporará el Fuero de Defensa del Consumidor y el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo que tutela los derechos patrimoniales de los vecinos.
Para una segunda etapa quedarán los fueros Civil y Comercial, Laboral y de Familia.
Dicho traspaso implica un aumento significativo de las competencias para investigar y juzgar gran parte de los delitos del fuero penal ordinario que sean cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y, consecuentemente, la respectiva reasignación de recursos.
Vale recordar que la Ciudad ya controla el Fuero Contencioso Administrativo (que atiende los casos en los que está involucrado el Estado) y el Contravencional y de Faltas. A este último se le habían sumado algunas competencias penales en convenios firmados en 2004 y 2010. Se trata de delitos menores, como amenazas o usurpación, y no los temas más relevantes como robos o crímenes.
¿A partir de cuándo se hará efectiva la transferencia?
Una vez que la Legislatura porteña ratifique el traspaso a los 180 días va a entrar en vigencia. Por otro lado, la incorporación del Fuero de Defensa del Consumidor y del Registro de la Propiedad Inmueble entrarán en vigencia una vez que se definan la integrantes de sus órganos de aplicación.
¿Qué beneficio importante genera a la Ciudad?
En lo concreto y cotidiano la transferencia implica una mejora superlativa en la calidad del servicio de justicia que se prestará a los porteños. En la Ciudad, el diseño judicial en materia penal es más avanzado, ágil y eficaz, lo que permite una mayor celeridad en el proceso. El promedio de duración de las causas no supera los 135 días, en tanto en los tribunales nacionales ese plazo se extiende a tres y cuatro años.
Desde lo institucional implica un avance trascendental en la consolidación del federalismo otorgada a la Ciudad en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Con esta transferencia de competencias penales todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires van a tener un sistema de administración de justicia que reconoce a la víctima como uno de sus ejes centrales, facilitándole todas las vías posibles para que pueda denunciar los hechos sin trabas ni demoras y asistiéndole verdaderamente en sus necesidades para que el proceso deje de ser otra instancia de victimización y se convierta en un lugar en que verdaderamente encuentre justicia.
