Se lanzó en la Legislatura el Protocolo para la contratación de personas con discapacidad

El 24 de septiembre se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento oficial del Protocolo para la contratación de personas con discapacidad, presentado por la Red ProBono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con estudios jurídicos y departamentos legales de empresas.

El Protocolo ayuda a las empresas a comprender la importancia de contratar personas con discapacidad, conocer la normativa vigente, y los beneficios y aspectos clave a considerar.

El documento reúne definiciones y herramientas prácticas para acompañar a las organizaciones en todo el proceso de contratación. Entre sus ejes principales se destacaron:

• Eliminación de obstáculos físicos, culturales y organizacionales.
   
• Procedimientos claros para selección, contratación y acompañamiento de personas con discapacidad.
   
• Recomendaciones sobre ajustes razonables y accesibilidad en los espacios de trabajo.
   
• Capacitación y sensibilización de equipos para construir entornos inclusivos.
   
• Seguimiento y evaluación continua para garantizar la permanencia laboral.

Referentes de empresas, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad coincidieron en que una cultura inclusiva transforma vidas y fortalece a las instituciones.

Panel de cinco personas participando en el lanzamiento del Protocolo en un salón de la Legislatura, con banderas y carteles oficiales de fondo.

Durante la jornada se subrayó que el Protocolo busca derribar miedos y prejuicios, tanto desde la perspectiva de las personas con discapacidad, como de los empleadores, que aún manifiestan desconocimiento sobre adaptaciones necesarias o beneficios disponibles.

En ese sentido, se recordaron los incentivos vigentes, como la posibilidad de deducción en el Impuesto a las Ganancias y las ayudas estatales que facilitan la contratación, reforzando el carácter práctico del documento.

La jornada puso de relieve la importancia de la articulación público-privada-comunitaria, incluyendo al Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil, resaltando que la transformación hacia la inclusión requiere del compromiso de todos los sectores.