Democracia y Mecanismos de Control

Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación al Congreso de Control Interno. Yo me voy a referir hoy a la Democracia y los mecanismos de control.

En diciembre próximo cumplimos 40 años de democracia en la Argentina y esta es una muy buena noticia, algo para festejar un avance. Hemos tenido elecciones periódicas, libres, limpias y con alternancia en el poder a lo largo de estas décadas.

Pero dicho esto, también debemos decir que la democracia enfrenta grandes problemas, grandes desafíos. El engranaje institucional de la República presenta grandes falencias. Las elecciones son mecanismos de control absolutamente necesarios, pero para que la democracia sea sólida, percibida como legítima y eficaz, se requiere de un Estado autosostenible con un gobierno con pesos y contrapesos en el cual las promesas puedan cumplirse. Con énfasis en Estado de derecho que evita que la democracia sea dominada por grupos de interés y donde exista un poder, un balance entre el poder del estado, las libertades individuales y la capacidad para probar soluciones a las necesidades de sus ciudadanos.

A estos balances de poder con pesos y contrapesos ya hacía Guillermo O’Donnell cuando nos hablaba sobre los mecanismos de control interno para un desempeño eficiente de la democracia, lo que él denomina: “Mecanismos Control Horizontal”. Es preciso que las instituciones y las personas al servicio del estado quienes acumulan poder, sean controladas para evitar el mal uso de este poder con motivaciones que no sean del bien común.

Estos mecanismos de control, son los que proveen dentro de un marco legal procedimientos claros para poder seguir los procesos de decisión que son tomados en representación de la población. Estos procedimientos legales permiten así, generar confianza sobres las instituciones. Dentro de los mecanismos de control horizontal encontramos no solo a la división de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino también a una red de agencias fiscalizadoras que se controlan entre sí. El problema yace cuando en una democracia las personas a las que se eligió libremente pasan a avasallar estos controles ya sea desproveyendo los de fondos o no acatando sus mandatos. El rol que cumplen las agencias de control interno es fundamental para poder mantener eficacia en el estado y la transparencia mediante la revisión de cuentas. Es así que un estado logra mostrar su efectividad y mantener credibilidad.

La democracia como régimen político no puede existir sin un estado efectivo. Y estamos hoy atravesando un momento en donde se observa un marcado malestar y desencanto con el funcionamiento de la democracia, no solo en el país sino prácticamente en todo Occidente. Presidimos grandes cambios sociales, políticos y económicos que llevaron al crecimiento económico, pero también se han traducido en una mayor desigualdad.  Hay disconformidad con el sistema, con una amplia mayoría insatisfecha con su funcionamiento, 70%, y se percibe a la dirigencia muy alejada de la gente con solo 1 de cada 10 argentinos que piensa que se gobierna para el bien del pueblo y una mayoría abrumadora sostiene que se gobierna para beneficio de los poderosos. A esto se suma que los argentinos ven un país dividido en bandos opuestos que se responsabilizan mutuamente por los fracasos. Esta percepción de sociedad fracturada es un grave obstáculo que debemos superar.

Desde la vuelta a la democracia en 1983 encontramos los mismos problemas que se reiteran y no se resuelven, estos son: inflación, inseguridad, corrupción y pobreza. Distintos indicadores nos muestran cómo hemos retrocedido en las últimas décadas. Así mientras en 1983 la pobreza era el 16%, hoy hay un 40% de pobres y 50% entre niños y adolescentes. La informalidad en el empleo es del 22% y hoy ronda el 45%. Estos dos indicadores de por sí son sustanciales porque nos muestran la injusticia en la que estamos viviendo.

Por otra parte, las evaluaciones nacionales e internacionales de educación también dan cuenta de un importante retroceso en nuestro país, tanto la escuela primaria y sobre todo la secundaria detectándose una baja en la calidad de la enseñanza y en el posicionamiento del país. Estamos lejos en la construcción de una sociedad justa e integrada a la que aspiramos, pobreza, desigualdad e inseguridad atraviesan nuestras sociedades como también la atraviesa la corrupción.

En lo político, al asumir Alfonsín, la ciudadanía apoyo a la democracia con altos índices de confianza en el sistema político y sus instituciones. Pero desde 1990 hasta nuestros días las opiniones son fuertemente críticas al evaluar su funcionamiento y la confianza institucional. Dentro de las instituciones en que se confía hoy, encontramos a las universidades y a las ONG, pero han caído fuertemente las más llegadas al sistema político, como el Congreso, la justicia, los sindicatos y los partidos políticos todos con una confianza por debajo del 20%. Y si realizamos una comparación internacional podemos ver que en el mundo los departamentos también están altamente cuestionados, pero en la mayoría de los países se confía en la justicia. La última encuesta de una revista americana comenta en 90 países muestra por ejemplo a la justicia a nivel global entre las instituciones más confiables con un 56% de credibilidad, mientras que en el parlamento confía solo un 40% mundialmente. Las regiones en donde la desconfianza es mayoritaria son Latinoamérica y Europa del Este. Los argentinos consideran a la justicia ineficiente a la hora de solucionar los problemas y además hay una percepción finalizada de las existencias de graves faltas a la ética dentro de ella, se percibe a la justicia alejada de la población hasta el punto de no cumplir con su misión básica ser justa y equitativa, ya sea por aparecer demasiado ligada al poder político de turno, como por no solucionar con rapidez y eficiencia los litigios.

La justicia parece también ligada a la corrupción, es el primer problema de esta institución a los ojos de la población, seguido muy de cerca por la excesiva lentitud en la resolución de las causas judiciales. Las críticas al sistema judicial generan problemas de legitimidad, encontramos porcentajes significativos de personas que declaran que no siempre se debe obedecer la ley, así por ejemplo los entrevistados sostiene que no siempre se debe acatar lo que dice el juez si uno considera que este está equivocado. Esto nos habla de una población con poco apogo a la ley, poco respeto a la autoridad y al cumplimiento de normas. Nos recuerda una vez más el libro de Carlos Lino sobre el país al margen de la ley “El problema viene de lejos y no lo hemos resuelto todavía”. La corrupción surge, así como otro tema ligado a la falta de credibilidad a nuestras instituciones políticas que van más allá del poder judicial, abarca todo el ámbito político, también el empresarial, el sindical y el policial, así como otros sectores. Y cada parte tiene su responsabilidad en el engranaje del sistema. Es un problema grave y extendido que aún no hemos encarado y solucionado con decisión y eficacia, además es un problema que pasa a un plano todavía más elevado cuando la economía va bien.

Según datos de la encuesta mundial de valores a 9 de cada 10 argentinos sostiene que la corrupción en nuestro país es  ya en ediciones que hicimos hace 30 años, la corrupción aparecía entre los problemas graves a resolver, o sea que tampoco es un fenómeno nuevo. También así lo muestran los datos del Latinobarómetro que muestra en todo Latinoamérica una corrupción extendida en gobiernos, congresos, tribunales de justicia, grandes empresas y sindicatos. La corrupción, además de un problema ético, es una amenaza para la democracia, es un obstáculo enorme para el desarrollo económico y social que afecta sobre todo a los más pobres. Los altos niveles de corrupción erosionan de nuestra sociedad.

 Según datos de transparencia internacional en 2022 la Argentina no ha mejorado en relación al año anterior en su score y ha descendido en relación al 2019 ocupando actualmente el ranking 94 entre 180 países. Nuestros estudios a su vez muestran que las prioridades para el próximo gobierno se concentran fundamentalmente en la lucha contra la inflación. Y aparece en segundo en prioridad por encima de los otros reducir la corrupción y la importancia de afianzar el estado de derecho.

Hemos logrado algunos avances que se aceleraron en la pandemia y que fueron muy gran expuestos hoy en el transcurso del Congreso. Como Ley de Acceso a la Información Pública, La conformación de la Agencia de Acceso de Información, la implementación de la Agenda de Gobierno Abierto en línea con la declaración de los objetivos de desarrollo sostenible, nuevos procesos de citación de mayor competencia y transparencia, entre otros. Estos avances, en los organismos de control y la justicia, son una noticia positiva en la población que espera respuestas. En estudios que realizamos sobre la grieta y las divisiones en la sociedad encontramos muchos puntos de disenso pero hubo un fuerte consenso se detecta en la necesidad de terminar con la corrupción en el pedido de una mayor transparencia. Todos los sectores en la sociedad, sin color político, reclaman mayor transparencia y erradicación de la corrupción. Esto puede ser un punto de inflexión si se sostiene en el tiempo y esta demanda sigue fuerte y vigente, para ello se requiere que la justicia actúe imparcialmente contra todas las personas que procedan contra derechos, sin partidismos ni excepciones. Las soluciones de fondo, requieren una firme decisión y acción conjunta sostenida a lo largo del tiempo. Implica un cambio de comportamientos en el que es crucial la decisión y acción política del gobierno, la implementación efectiva de mecanismos de control y transparencia, la participación de la oposición, los empresarios, los jueces, los parlamentarios, los sindicalistas y toda la sociedad.

A la par de estos desafíos, resultará clave también que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de observar la ley y las normas en nuestra vida cotidiana y exijamos respuestas asegurando que este tema este y se mantenga en la agenda de prioridades. Es que la riqueza de un país no está solo definida por sus tierras, sus minerales o su diversidad temática, la prosperabilidad tiene más que ver con la población, su nivel de educación, de salud, la cultura del trabajo, la organización social y el respeto por la ley. Y la clave está en las instituciones, su eficacia y transparencia donde el control interno juega un rol crucial, solo manteniendo un buen control se logra las gestiones eficaces y un buenos gobiernos.

Muchas gracias.