Junio 2021

Mejorar el funcionamiento de la justicia

A la luz de la crónica anormalidad institucional que vivimos en nuestro país durante buena parte del siglo pasado, las casi cuatro décadas de vigencia del renacido sistema democrático entre nosotros constituye, sin duda alguna, una grata noticia. Aún así, está claro que seguimos teniendo por delante enormes desafíos pendientes como revertir los crecientes y dolorosos niveles de pobreza y elevar la calidad de funcionamiento de nuestras instituciones, ambos desde ya relacionados.

Es un lugar común desde hace un tiempo en nuestra discusión pública el reconocimiento de que es prioritario introducir cambios y reformas que mejoren y agilicen el funcionamiento del sistema judicial. En la práctica se han registrado algunos avances destacables en diversos frentes en esta materia pero es verdad que falta todavía mucho, en particular también para procurar revertir la sensación predominante de desconfianza y lejanía que el ciudadano medio tiene para con la Justicia.

Para lograr resultados concretos es preciso contar con un buen diagnóstico de los problemas reales, que atienda efectivamente a dar solución a las deficiencias que afectan a la prestación del servicio. Si bajo declamados buenos propósitos en verdad se persiguen otras finalidades, la discusión solo ahonda la grieta y termina siendo estéril, sumando mayor desasosiego a la sociedad. Como ya lo hemos expresado anteriormente, un ejemplo de este mal paso lo constituye la propuesta reforma al funcionamiento del Ministerio Publico Fiscal que cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en pleno debate en la Cámara de Diputados.

De lo que se trata en verdad es de identificar cuestiones concretas susceptibles de mejora y obtener consensos para definir propuestas a corto, mediano y largo plazo que brinden una solución posible para que la administración del servicio judicial sea más confiable y eficiente. Ello requiere siempre de nobleza, decisión y voluntad de alcanzar acuerdos. También en muchos casos supondrá abandonar posiciones de confort y ceder al interés personal o grupal en el marco de una discusión con una dosis mayor de apertura y buena fe. No es menor la cuestión porque resulta evidente que las inversiones que el país requiere para crecer solo serán posibles en un contexto de confianza y previsibilidad que un buen sistema judicial debe asegurar.

En esta línea ha sido muy auspiciosa la iniciativa conocida esta semana por tres instituciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, IDEA y la Amcham que durante ocho meses encomendaron un análisis del tema a reconocidos especialistas en el tema, y acaban de presentar ocho propuestas para un sistema de Justicia más eficiente.

Entre las mismas se cuentan la necesidad de contar con más tecnología para la administración del servicio de Justicia, ello teniendo en cuenta además la experiencia de la pandemia y el hecho de contar con una creciente cantidad de actores que son nativos digitales. También la proposición de mejoras prácticas éticas para asegurar la ejemplaridad en la imagen y conducta de los magistrados y funcionarios. Es preciso además, según apuntan, garantizar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento autónomo del Poder Judicial.

Un capítulo esencial es el referido al funcionamiento más eficiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual no hace falta crear tribunales intermedios ni tampoco aumentar necesariamente la cantidad de sus miembros. Otro alude a la impostergable necesidad de despolitizar el Consejo de la Magistratura, retornando a un mejor equilibrio en su cantidad de representantes de los diversos sectores que lo integran.

La formación y desarrollo de la carrera judicial es otra de las propuestas analizadas para jerarquizar la formación de quienes aspiran a ser candidatos para integrar las magistraturas judiciales. El ejemplo del Instituto del Servicio Exterior para la formación de los diplomáticos asegurando un piso de capacitación más exigente es un buen antecedente para imitar.

Finalmente, los últimos dos puntos se refieren a procurar contar con procesos civiles y comerciales más simples y veloces y brindar mayor celeridad en los procesos penales.

Los autores de la iniciativa recalcan que no se trata de propuestas cerradas sino de un puntapié que sirva para enriquecer el diálogo que permita a todos los integrantes del sistema judicial, y en particular entre las autoridades políticas que deben decidir, alcanzar los consensos necesarios para adoptar e implementar medidas concretas que ya no pueden seguir postergándose.

Como bien se señala en la presentación del documento, el sistema de Justicia debe funcionar de modo independiente y eficaz. Solo así puede construirse un país predecible y confiable que nos permita alcanzar el desarrollo integral que sirva para sacar de la pobreza a un vasto sector de la sociedad y mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan nuestro suelo.