Abril 2017

La justicia al alcance de todos

Como es sabido, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le encomienda a la Procuración General una trascendente misión, que consiste en velar por la legalidad de los actos administrativos del Gobierno porteño y ejercer la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado, representando a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses. Además de ello, tenemos a nuestro cargo la instrucción de los sumarios que se tramitan ante las faltas e irregularidades en la que puedan incurrir los agentes del gobierno.

La Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5666), que organiza el funcionamiento de esta Casa, nos asigna también una importante tarea que es la de asegurar “la continuidad del servicio de asesoramiento y patrocinio gratuito a la comunidad, hasta tanto una ley especial disponga la organización, conformación y funcionamiento de tal servicio.”

En una democracia, todos somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Todos los poderes del Estado deben en sus actividades contribuir al fortalecimiento de estos derechos, y cabe al Poder Judicial la misión final de resguardar la vigencia de los mismos cuando ellos se vean vulnerados. Para gozar efectivamente de dicha protección resulta indispensable que todos los habitantes cuenten con el debido asesoramiento y patrocinio jurídico. Por lo tanto, brindar y asegurar la prestación de este servicio a quienes carecen de recursos para acceder a los mismos resulta una tarea de primera magnitud si pretendemos el funcionamiento de una democracia plena.

En cumplimiento de la mencionada manda normativa, la Procuración General de la Ciudad ha conformado el Servicio Jurídico a la Comunidad que se presta en forma gratuita a todos quienes carecen de la posibilidad de contar con los servicios de un abogado. Dentro de las tareas que el mismo incluye se encuentra el asesoramiento sobre cuestiones relati vas al derecho civil y, especialmente, al derecho de familia, atendiendo aproximadamente ocho mil consultas al año, tanto en la sede central del Servicio ubicada en la Avenida Córdoba al 1235, como en las distintas sedes comunales. También se presta el servicio de patrocinio jurídico, llevándose en la actualidad aproximadamente novecientas causas.

Todas estas tareas están a cargo de abogados que trabajan en un gabinete interdisciplinario con psicólogos y otros especialistas para poder atender la demanda de un modo más integral. Está claro que en la mayoría de los casos la ayuda no se limita a la sola asistencia jurídica sino que comprende una más amplia orientación y contención humana.

En el último tiempo hemos agregado de modo específico otra tarea que consiste en sumarnos a la lucha contra la violencia de género. Uno de los objetivos de nuestra gestión en esta materia es la aplicación del “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, para lo cual estamos ampliando la conformación del equipo de profesionales especializados en violencia doméstica para ejercer el asesoramiento en estas causas desde un enfoque interdisciplinario e integrador.

Finalmente, como puede leerse en esta edición, acabamos de firmar un convenio con la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad para el uso de dispositivos de geoposicionamiento (“tobilleras electrónicas”) en el marco de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Civil de Familia en las que intervenga nuestro servicio de patrocinio jurídico. Cabe señalar que usualmente la utilización de estos dispositivos se dispone en procesos penales, por lo que la posibilidad de que los mismos puedan ser dispuestos por los jueces en causas civiles constituye una muy saludable iniciativa que confiamos contribuya a prevenir mejor posibles hechos de violencia doméstica.

Más allá de nuestras tareas específicas en relación con velar por la legalidad y la protección del interés público, la representación y defensa en juicio y el oportuno asesoramiento a la gestión del gobierno, lo cierto es que asegurar la prestación del servicio jurídico gratuito en favor de los más débiles y vulnerables resulta una contribución insoslayable en una sociedad inclusiva que procure garantizar a todos el acceso a la justicia. Seguiremos poniendo en ello nuestro mayor empeño.